Su informe puede ser crucial para la salida de un preso, para conocer si está rehabilitado y afrontar su vuelta a la sociedad, pero también tienen la responsabilidad de determinar la veracidad de un caso de violencia de género o abusos sexuales. Son los psicólogos forenses de la Administración de Justicia, un asesor más del juez de turno cuyo informe puede ser determinante.
Han pasado a ser de ser 17 personas en 1983, tras la aprobación de la Ley del Divorcio, a más de 400 en toda España. Pero no son suficientes, según Mª José Catalán, presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia. Denuncia en El Confidencial que sólo Madrid, Asturias y León cuentan con un profesional de estas características en los juzgados de vigilancia penitenciaria: 7 en la capital y uno en las otras dos regiones. Su dossier especifica si el preso puede reincidir, el cambio de grado penitenciario, permisos de salida, etc. Pero en el resto de los juzgados de España esa valoración “se queda sin respuesta”.
Mª José Catalán.Su informe, diferente al que elabora desde instituciones penitenciarias el equipo que trata al preso en la cárcel, es más objetivo. “No intervenimos en el tratamiento ni le vemos de manera cotidiana: vemos su situación desde una perspectiva más amplia”, reivindica.
Los menores, el campo “más mimado”
Los psicólogos forenses son escasos también en el ámbito de la familia, donde la implantación de la custodia compartida hace imprescindible un informe que puede llegar a tardar 6 meses de media. “Están sobrecargados y eso hace que nuestra intervención no sea inmediata, provocando vicios en las visitas de los hijos que pueden ser perjudicial para los menores”.
Paradójicamente, Catalán reconoce que el campo “más mimado” es el de los menores gracias a la ley de 2004, pese a que esta normativa ha arrojado casos tan polémicos como los de El Rafita. La presidenta de la asociación defiende, sin embargo, que “se redactó muy bien esa obligatoriedad de que haya un informe del equipo técnico –psicólogos, educadores y trabajadores sociales– en casos de menores infractores”. Una especificidad que no aparece en otros ámbitos de la justicia.
Si es un campo tan vigilado, ¿qué ha ocurrido con los asesinos de Sandra Palo? Sin querer valorar casos tan mediáticos, la presidenta de la asociación reconoce que hay delincuentes en los que es muy difícil trabajar un cambio de personalidad.
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