“Hay personas donde no es posible el cambio, porque tienen conductas antisociales, falta de empatía eincapacidad para ponerse en el lugar del otro, para poder sentir el dolor que el otro sufre. Si no eres capaz de sentirlo, tampoco vas a poder cambiar tu forma de manejarte en la vida. Siempre vas a tener ese tipo de comportamientos”, apunta.
Un trastorno que podría extrapolarse a los violadores y expresos con delitos de sangre que han salido de la cárcel tras la anulación de la doctrina Parot por parte de Estrasburgo y que no se han rehabilitado. Sin embargo, esta psicóloga forense advierte de que la sociedad suele tener un sentimiento de mayor alarma social de lo que realmente es. “Sólo vemos la punta del iceberg, los casos de mayor trascendencia, pero somos una de las sociedades más seguras”.
Si se mira a la excarcelación de etarras, la también decana del colegio de psicólogos de Murcia reconoce que el dolor de las víctimas es mayor ante la crueldad por el alto número de víctimas, pero recuerda que uno de los principios básicos de la Constitución es la reinserción y que hay que ver “caso por caso”.
El momento más difícil
El asesinato de Asunta o la desaparición de los niños de Córdoba son sucesos en los que los psicólogos forenses también deben trabajar con la mayor objetividad posible, pese al foco mediático. “No nos sentimos presionados, pero sí algo incómodos, porque lo que decimos o hacemos se analiza desde muchos ámbitos, pero creo que la objetividad está por encima de cualquier situación”.
Sin embargo, para Catalán los informes más difíciles de redactar son los casos de agresión sexual a menores, donde su sufrimiento “te llega a afectar en lo personal”. Parte de su tarea es, además, determinar si el testimonio es cierto o no. No es raro encontrarse con falsas denuncias de los hijos tras conflictivos divorcios o con la intención de hacer daño a la nueva pareja del progenitor.
Conocer si el caso es real o no también debe ser minucioso en las denuncias de violencia de género. “Es un tema muy sensible en la sociedad y aún estamos trabajando en los protocolos para determinar la credibilidad de los testimonios de los adultos”, apunta la psicóloga forense.
Los retos
El traspaso de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas ha provocado que la situación de los trabajadores y sus recursos materialesdependan de la región donde trabajen. No cuentan con una normativa estatal que los aglutine ni determine su trabajo, a excepción del caso de los menores, lo que deriva en que cada comunidad decide en qué y dónde deben actuar.
Esta asociación demanda, además, mayor presencia en todos los ámbitos judiciales, entrar en algunos en los que no existen –como en el laboral– o reforzar su trabajo en juzgados de incapacidad, donde valoran al sujeto en cuestión y a la persona que se hará cargo de su tutela.